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El llamado proteccionismo verde gana terreno

De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual

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La Nación, Suplemento de Comercio Exterior, 22 de diciembre de 2016

Por Alejandro Vicchi

"Delfines y atunes" o "Tortugas y camarones" parecen títulos de documentales sobre vida silvestre o de películas infantiles, pero en realidad se trata de disputas planteadas en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se transformaron en referencia obligada cuando se habla de la vinculación entre la ecología y el comercio internacional. A partir de las metas que la Conferencia de París sobre cambio climático fijó para 2030 en cuanto a reducción del efecto invernadero y de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el tema cobra nueva relevancia.

Aquellos casos deben su nombre a que la técnica de pesca de una especie causaba mortandad en la otra. Los atunes acostumbran nadar debajo de los delfines, por lo que las redes de los atuneros levantaban a estos mamíferos marinos accidentalmente. Los conflictos comerciales surgieron cuando Estados Unidos comenzó a impedir la importación de atunes y camarones, mientras no se demostrara que en su captura no se había puesto en peligro a las otras especies. Los países que exportaban esos productos, al verse perjudicados, recurrieron a la OMC convencidos de que el objetivo real de la medida no era proteger la fauna, sino a los pescadores estadounidenses, resguardándolos de la competencia extranjera. Los exportadores, en su reclamo, argumentaron que establecer esos requisitos violaba el compromiso que Estados Unidos tenía, como miembro de la OMC, de no obstaculizar importaciones arbitrariamente.

Además de la inocuidad del producto en sí mismo, hoy se exige que en el proceso de producción y transporte no se afecte la salud de trabajadores, animales o recursos naturales.

Proteger especies amenazadas por el riesgo de extinción parece una motivación muy noble, pero, ¿estaba contemplado en las reglas del comercio que Estados Unidos se había comprometido a respetar? Si esas especies habitan fuera de las fronteras del país importador, ¿exigir ese requisito no es una intromisión en asuntos internos de los países exportadores?

En 1998, el dictamen de la OMC sobre el caso "camarones y tortugas" validó la interpretación de que cualquier país está autorizado a hacer tomar medidas para proteger especies ubicadas fuera del territorio del país que aplicaba la medida.

Esto abrió la puerta para la exigencia de normas de proceso a los productos importados, es decir para imponer pautas sobre cómo deben ser fabricadas o tratadas las mercancías, como condición de acceso al mercado. Los creadores de barreras paraarancelarias ya no están limitados a pedir inocuidad del producto en sí mismo, sino que pueden exigir que en el proceso de producción y transporte, fuera de sus fronteras, no se afecte la salud de trabajadores, animales o vegetales, o recursos naturales.

Para los proteccionistas es una opción atractiva para compensar la progresiva eliminación de aranceles aduaneros que se extiende por el mundo. "Pese a los grandes esfuerzos que organismos globales están haciendo para prevenir, moderar o aun evitar el así llamado "proteccionismo verde", la realidad muestra que los países avanzan en una suerte de sofisticación técnica destinada a regular o proteger sus mercados frente a la competencia externa", dice Fernando Passarelli, coordinador del Programa Valor de AMIA. A eso se agrega que el propio sector empresarial ha comenzado a controlar la performance ambiental de su cadena de valor (ver recuadro).

Actualmente para exportar carnes a la Unión Europea se exige una variedad de normas sobre los procesos de transporte y faena, como reseña Guillermo Spaini, de la ONG Eticagro, incluyendo estándares de bienestar animal, Buenas Prácticas de Manufactura, Haccp (análisis de riesgos), y afluentes y efluentes en mataderos.

Códigos de conducta

Julia Arana, del portal ComunicaRSE, menciona el ejemplo "del Código de Conducta impulsado por los monopolios estatales que manejan la importación de bebidas alcohólicas de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca, basado en los principios de las Naciones Unidas sobre respeto por el medio ambiente y derechos humanos".

Los acuerdos de París sobre cambio climático ratificados durante 2016, pueden dar nuevo impulso a la cuestión. Como expresa Spaini, "los países del mundo comprometidos por el pacto de París están preparando nuevos paquetes legislativos que incluirán indudablemente el desarrollo sostenible de las producciones; una nueva norma que exija buenas prácticas en un determinado ciclo productivo, fácilmente involucraría el medio ambiente".

Una de las medidas que cabe esperar es la exigencia del etiquetado sobre "huella de carbono", que mide cuántos gases responsables de calentamiento global fueron emitidos en una actividad determinada, por ejemplo, producir y hacer llegar alimentos hasta el consumidor.

Por más bien intencionada que sea la medida, el sesgo antiimportador es inevitable, ya que la distancia aumenta la huella de carbono. Como definiera el entonces director general de la OMC Pascal Lamy, este etiquetado refleja "el deseo de los consumidores de Occidente de calcular el carbono emitido en el curso del transporte internacional, y muchos están llegando a la conclusión de que sería mejor simplemente producir en casa para reducir al mínimo las emisiones".

El GEI en números

118. Son los países que ratificaron el Acuerdo de París para la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

300.000. Son los empresas de todo el mundo que certificaron la norma de gestión ambiental ISO 14.000

210. Estándares y normas de sostenibilidad pueden consultarse en Standardsmap.org una base de datos confeccionada por la OMC y el Centro de Comercio Internacional.

RSE: el sector privado, un actor principal

"Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted", proclama el sitio web de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados en septiembre de 2015 y propuestos para 2030.

Si bien los Estados siguen llevando el timón de la gobernanza global, la capacidad de incidencia de los grandes actores privados es cada vez más notoria. La revista Fortune comparó las ventas de las multinacionales con el PBI de los países, encontrando que Wal-Mart desplazaría a Noruega como la 25ª economía más grande del mundo, y Exxon quitaría el 30º puesto a Tailandia; mientras que Nike supera a Paraguay, y Apple a Ecuador; para dar algunos ejemplos.

Estas empresas están muy expuestas a la opinión pública, y para mostrar buena conducta ante consumidores, inversores y empleados comienzan a pedir a sus proveedores el cumplimiento de estándares ambientales como parte de su Responsabilidad Social Empresaria (RSE). De esta manera, incluso con mayor rapidez que las regulaciones estatales, comienzan a difundirse exigencias de desempeño a lo largo de la cadena de valor global.

Mil argentinas

Más de 300.000 empresas en todo el mundo (mil en la Argentina) han certificado su gestión ambiental con la norma ISO14000, generalmente por requerimiento de sus grandes clientes o por presión competitiva. Es un efecto en cascada, para una empresa certificada, tener proveedores certificados le facilita el cumplimiento.

"La trazabilidad, entendida como el conjunto de procedimientos que permiten identificar la materia prima con la que se ha producido determinado producto y el proceso utilizado, comienza a jugar un papel decisivo para ingreso a los mercados y una exigencia que eleva los estándares a ser cumplidos por los exportadores", señala Fernando Passarelli, coordinador del Programa Valor de AMIA, que promueve RSE y mejora continua en las cadenas.

Julia Arana, del portal ComunicaRSE, destaca su impacto sobre las exportaciones argentinas, como las de vinos: "En 2011, el Grupo Peñaflor tuvo que aprobar una auditoría sobre salud ocupacional, diversidad y medioambiente, a pedido de un cliente del Reino Unido, que lo tiene entre los requisitos para incorporar un proveedor". Asimismo, destaca que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha puesto en marcha "un grupo multidisciplinario para determinar la huella hídrica de alimentos, con foco en los productos de exportación".

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